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Desde San Lázaro. El derecho de las audiencias sobre la mañanera. Por: Alejo Sánchez Cano

05 Ago 2026
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Desde San Lázaro. El derecho de las audiencias sobre la mañanera. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

Ahora que el gobierno federal abrió la consulta pública sobre el llamado derecho de las audiencias, valdría la pena ampliar el debate y colocar en el centro a los ciudadanos, no al poder. Si de verdad se pretende fortalecer los derechos de las audiencias, éstos no pueden limitarse exclusivamente a los medios de comunicación concesionados; también deben alcanzar a la comunicación gubernamental.

Los mexicanos tenemos derecho a recibir información veraz, verificable y completa, independientemente de quién la emita. Ese principio debe ser exigible tanto para un noticiario de radio o televisión como para las conferencias matutinas del gobierno, que hoy constituyen uno de los principales instrumentos de comunicación política del Estado. Cuando desde cualquier instancia pública se difundan datos inexactos, afirmaciones sin sustento, mentiras, o información que posteriormente resulte incorrecta, debería existir un mecanismo institucional ágil que permita su aclaración o rectificación oportuna. No se trata de censurar al gobierno ni de limitar la libertad de expresión de los servidores públicos, sino de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información confiable.

En una democracia, el derecho de las audiencias también debe traducirse en el derecho de la sociedad a exigir transparencia y rendición de cuentas. La desaparición del INAI dejó un vacío institucional que aún genera interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos disponibles para garantizar el acceso a la información pública. La confianza ciudadana depende, precisamente, de que toda autoridad esté obligada a explicar y documentar el destino de los recursos públicos y las decisiones que adopta.

Por ello, cualquier decisión de reservar información pública debe estar plenamente justificada dentro de los supuestos previstos por la ley y sujetarse a controles efectivos. La ciudadanía tiene un interés legítimo en conocer cómo se administran los bienes públicos, cómo se celebran los contratos gubernamentales y cuáles son los fundamentos de las decisiones que comprometen recursos de todos los mexicanos. La transparencia no puede depender únicamente de la voluntad política del gobierno en turno, sino de instituciones sólidas y reglas claras.

Si, como se ha señalado, el Ejecutivo federal prepara un decreto para ampliar el acceso a la información pública, preservando únicamente las reservas que legalmente correspondan por razones de seguridad nacional u otras excepciones previstas en la ley, esa decisión deberá traducirse en mecanismos efectivos que permitan a cualquier ciudadano obtener información pública de manera oportuna y verificable.

La democracia se fortalece cuando el poder acepta el escrutinio, responde con datos comprobables y corrige los errores cuando éstos ocurren. Por el contrario, la polarización, la descalificación permanente de quienes piensan distinto y el predominio de la propaganda sobre los hechos erosionan la confianza pública y debilitan la calidad del debate democrático.

El verdadero derecho de las audiencias no consiste únicamente en regular a los medios de comunicación. También implica que los gobernantes asuman el compromiso de comunicar con rigor, rectificar cuando sea necesario, rendir cuentas de sus decisiones y respetar el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Sólo así la información pública dejará de ser un instrumento de confrontación política para convertirse en un auténtico bien al servicio de la democracia.

AMLO en su sexenio acumuló miles de mentiras vertidas tanto en las mañaneras como en sus declaraciones públicas, tan absurdas como estúpidas, como es el caso de que tendremos un sistema de salud como Dinamarca, el litro de gasolina a 10 pesos, se terminó el huachicoleo, que se acabó la corrupción y que no se endeudó al país o que, con la construcción del tren Maya, no se cortó ningún árbol.

Buena parte del espacio de propaganda gubernamental en tiempos de El Peje fue utilizada también, para despotricar contra los que no pensaban como él y en gobernar en base a mentiras.

Esta práctica se retomó en el actual gobierno con una retahíla de falacias cotidianas y que, por ello, pierde total credibilidad su ejercicio de comunicar

Para el gobierno de la 4T solo existe una verdad y es la de ellos y por ello ahora se piensa regular la libertad de expresión y el derecho a la información, bajo la tutela de un censor gubernamental que sancione a los medios electrónicos que no se alineen al mensaje del oficialismo.

En esa misma lógica debería haber un censor ciudadano que sancione a los funcionarios públicos que mienten sobre el ejercicio de recursos públicos y sobre asuntos de interés general.

¿Dónde está el derecho de las audiencias sobre la mañanera?

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El apunte del director

  • Noviembre 2026

    EL INE PODRIDO

    La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y la posterior salida de 15 funcionarios vinculados con su administración constituyen uno de los capítulos más graves en la historia reciente del árbitro electoral mexicano.

    No estamos frente a una simple crisis administrativa. Existen investigaciones sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y manejo de recursos públicos que involucran a funcionarios, particulares y empresas. La ASF mantiene abierta una investigación de oficio y el propio Órgano Interno de Control del INE reportó pesquisas relacionadas con contrataciones públicas. Las responsabilidades individuales tendrán que probarse, pero el daño a la credibilidad institucional ya está hecho.

    El problema viene de atrás.

    Andrés Manuel López Obrador dedicó buena parte de su sexenio a confrontar al INE encabezado por Lorenzo Córdova y a consejeros como Ciro Murayama, precisamente cuando el Instituto representaba uno de los principales contrapesos institucionales frente al poder presidencial.

    Después vino Taddei.

    Llegó a la presidencia mediante el mecanismo constitucional de insaculación y su gestión fue cuestionada desde el comienzo por sectores que advertían cercanía con personajes del oficialismo. Tres años después se marchó en medio de acusaciones sobre contratos y relaciones con proveedores.

    Sería ingenuo pensar que con la renuncia de Taddei terminó el problema.

    El INE llega golpeado a las elecciones intermedias de 2027 y ahora comenzará una batalla todavía más importante: la designación de su nueva presidencia.

    Ahí debemos poner todos los reflectores.

    La persona que sustituya definitivamente a Taddei no puede responder a Morena, al gobierno de Claudia Sheinbaum ni tampoco a la oposición. Tiene que responder exclusivamente a la Constitución y a los ciudadanos.

    Sin embargo, la presidenta de México va a nombrar a uno de sus incondicionales para presidir a este organismo y con ello se dará más un paso al INE subordinado a la SEGOB.

    Porque después de Taddei cualquier sospecha de subordinación partidista será veneno para la credibilidad electoral.

    México se aproxima a unas elecciones intermedias gigantescas y después vendrá la sucesión presidencial de 2030. No podemos llegar a esas citas con un árbitro cuestionado, sometido o desprestigiado.

    La democracia no pertenece a Morena, al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano ni al gobierno.

    Pertenece a los ciudadanos.

    Por eso hay que defender al INE ciudadano.

    Un árbitro sometido al poder siempre beneficia a quien gobierna y perjudica a quien algún día necesitará elecciones confiables para sustituirlo.

    El escándalo Taddei dejó una advertencia brutal: destruir una institución cuesta poco; recuperar su credibilidad puede tardar años.

    En estos momentos el INE está podrido en sus entrañas y mientras no se demuestre lo contrario, con esa etiqueta llegará a la elección intermedia en detrimento de la democracia mexicana, pero eso parece poco importarle al oficialismo, mientras ganen las elecciones con un arbitro sometido.